La última etapa de gobierno (PP-PAR) ha supuesto una regresión educativa sin precedentes con la imposición de graves recortes educativos y la implantación de la LOMCE, ley reaccionaria y mercantilista, segregadora, centralista y privatizadora, que ha sido impuesta sin la participación social y con el rechazo de la mayoría de la comunidad educativa, con un grave perjuicio para las condiciones laborales del profesorado, la equidad y la calidad educativa: disminución de aulas, aumento de ratios, disminución de plantillas asociada al aumento de carga lectiva, precariedad en las contrataciones, reducción de medidas sociales que fomentan la igualdad de oportunidades….
En este inicio de curso el nuevo equipo de gobierno de nuestra comunidad autónoma ha querido paliar algunos de los efectos del tsunami sufrido. Nos referimos al adelanto en la fecha de contratación de las personas interinas, al leve descenso (un 2%) en el porcentaje de parcialidad con respecto al curso anterior, a la supresión de las órdenes del currículo LOMCE en Secundaria, a las orientaciones publicadas sobre la evaluación en Primaria (mientras esperamos la orden que realmente la modifique…), a la ampliación de las becas de comedor al periodo de jornada continuada, a la apuesta del Departamento por asumir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón favorables a la Amypa del colegio público Pío XII de Huesca que abogan por una distribución más justa de la diversidad del alumnado en todos los centros docentes, a la actuación de la consejería respecto a la actuación de la administración respecto a colegio Ánfora, mantenimiento de la escuela rural con cuatro alumnos, la previsión de la oferta de empleo público con la intención de volver a reponer la tasa de reposición a un 100%,
Estamos ilusionados y vivimos con esperanza estos gestos y decisiones adoptados en un contexto presupuestario muy restrictivo. Dan muestra de la intención de recuperar derechos sociales perdidos y de devolver a la escuela pública la dignidad que la define puesto que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos.
Aún entendiendo las dificultades de un inicio de curso no planificado por el nuevo gobierno, se han producido numerosos problemas con las vacantes ofertadas que posteriormente fueron retiradas.
Además, hemos de recordar que somos la única comunidad autónoma que funciona con 21 horas en Secundaria, tenemos al menos 25 vacantes de menos de 8 horas, no se han modificado las ratios a la baja, han aumentado las vacantes perfiladas, seguimos con problemas en el transporte escolar, retraso en los pagos a los centros para el gasto corriente, continúan siendo habituales los ya citados problemas con el nefasto programa de gestión SIGAD. Respecto a esta cuestión recordamos que en octubre de 2014 ya denunciamos las irregularidades que a nuestro juicio se produjeron en la adjudicación a las empresas encargadas de la creación de dicho programa.
Y, acompañando a la recuperación de la participación de toda la comunidad educativa -el esfuerzo de la nueva Consejería por hablar con todos los sectores, (estamos a la espera de retomar la negociación en asuntos muy importantes para la educación pública como la recuperación de los derechos laborales perdidos, el modelo de bilingüismo, los planes de formación del profesorado, la creación de nuevos centros y la progresiva supresión de los barracones, la libre elección de jornada…) ninguneados en la legislatura anterior- algunas dudas nos surgen pues a la hora de tratar los temas en las mesas técnicas asuntos importantes no están siendo considerados en el calendario de negociación sino que se van postergando…
La Junta de Personal docente de la provincia de Huesca celebra el cambio de actitud de la consejería y reclama un aumento de los presupuestos educativos para que las buenas intenciones se hagan realidad.
